La migración es un fenómeno de alcance mundial que afecta la vida de la mayoría de las personas. Se estima que 258 millones de personas son migrantes internacionales (UN DESA, 2017), y en este mundo cada vez más interconectado, millones más se ven afectados a través de vínculos familiares, intercambios económicos y conexiones culturales.

La migración es un poderoso impulsor del desarrollo sostenible, para los propios migrantes y para sus comunidades en los países de origen, tránsito y destino. Los migrantes representan aproximadamente el 3 por ciento de la población mundial, pero producen más del 9 por ciento del PIB mundial, es decir unos 3 billones de dólares más que si se hubieran quedado en su lugar de origen (OIM y McKinsey & Company, 2018). Los migrantes a menudo aportan beneficios significativos a sus nuevas comunidades en forma de capacidades, aumento de la fuerza de trabajo, inversiones y diversidad cultural. También desempeñan un relevante papel en la mejora de las vidas de las comunidades en sus países de origen, mediante la transferencia de capacidades y recursos financieros, lo que contribuye a logros positivos de desarrollo; sin embargo, si la migración está mal administrada puede tener un impacto negativo en el desarrollo, poner en peligro a los migrantes, someter a tensiones a las comunidades y minimizar los beneficios en materia de desarrollo.

Del mismo modo que la migración tiene un impacto sobre el desarrollo, también se ve afectada por éste. Los contextos de desarrollo en que viven las personas, los lugares a dónde se dirigen y los pasos intermedios hasta que llegan a dichos lugares desempeñan un papel en el modelado de los recursos, aspiraciones, motivaciones y oportunidades que tienen para migrar. Los conflictos, el cambio climático, los mercados de trabajo y otros factores relacionados con el desarrollo son elementos que pueden tener un impacto sobre los elementos que impulsan a la migración y la naturaleza de ésta.

Tanto la Constitución Política de la República del Ecuador como la Ley Orgánica de Movilidad Humana garantizan el derecho a la libre movilidad, la no discriminación por condición migratoria, las responsabilidades por parte de las instituciones del Estado en la incorporación del enfoque de movilidad humana en los planes, proyectos y servicios sociales; en tanto que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece como funciones de los GAD provinciales el promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución; así mismo las políticas públicas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, el Plan Nacional para la Movilidad Humana y la Agenda Nacional de Igualdad de Movilidad Humana deben ser incluidos en la planificación y gestión territorial.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano Sostenible, “Hábitat III”, concluyó en el año 2016 con la adopción de la “Nueva Agenda Urbana” (NAU), que define los parámetros para el desarrollo sostenible de las urbes de los próximos 20 años. Se establecieron acuerdos que dictaminan el camino a seguir en materia de migración, así como compromisos para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos de los refugiados, los desplazados internos y los migrantes, con independencia de su situación migratoria, y a brindar apoyo a las ciudades que los acogen en el espíritu de la cooperación internacional, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y reconociendo que, si bien el movimiento de grandes poblaciones hacia las ciudades plantea diversos problemas, también puede aportar importantes contribuciones sociales, económicas y culturales a la vida urbana.

Se hizo el compromiso de fortalecer las sinergias entre la migración internacional y el desarrollo en los planos: mundial, nacional, intermedio y local, garantizando la seguridad, el orden y la regularidad de la Nueva Agenda Urbana por medio de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, y a apoyar a las autoridades territoriales en el establecimiento de marcos técnico – normativos que permitan la contribución positiva de los migrantes a las ciudades y el fortalecimiento de los vínculos entre las zonas urbanas y rurales. Además de fortalecer la función de coordinación de los gobiernos nacionales con los gobiernos subnacionales, según proceda, y su colaboración con otras entidades públicas y organizaciones no gubernamentales en la prestación de servicios sociales y básicos para todos, incluida la generación de inversiones en las comunidades que sean más vulnerables a los desastres y para las afectadas por crisis humanitarias recurrentes y prolongadas.

Se asumió el compromiso de promover servicios sociales adecuados, alojamiento y oportunidades de trabajo decente y productivo para las personas afectadas por crisis en entornos urbanos, y a colaborar con las comunidades y los gobiernos subnacionales para determinar las oportunidades de participación y encontrar soluciones territoriales duraderas y dignas, velando al mismo tiempo porque la atención llegue a las personas afectadas y a las comunidades de acogida con el fin de evitar la regresión de su desarrollo.

El CONGOPE, desde el año 2014, a través de su área de Gestión Social, viene trabajado con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales (GADP) los enfoques de igualdad, especialmente el de movilidad humana, contando para ello con el apoyo de la Iniciativa Conjunta de Migración y Desarrollo (ICMD) del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD).

En este contexto y de manera preparatoria al “12avo Foro Global de Migración y Desarrollo”, el CONGOPE ha desarrollado varios paneles, conversatorios y foros en los que se abordaron diversas temáticas, tales como: “Desafío y oportunidades derivadas del nexo migración-desarrollo”, “Una mirada latinoamericana sobre migración”, “Preparando los Gobiernos intermedios para la migración”, “Políticas públicas para la garantía de derechos de las personas en situación de movilidad humana”, eventos de discusión y reflexión que buscan encontrar respuestas coordinadas e integrales que apunten a soluciones dignas para la población en situación de movilidad humana y que los “Gobiernos Intermedios” aporten al Foro Global de Movilidad y Desarrollo (FGMD).

Durante los años 2018-2019, de manera conjunta entre el PNUD y el CONGOPE, se implementó el proyecto “Transversalización de la migración en los procesos de desarrollo nacional y local”, con la finalidad de continuar con el fortalecimiento de los procesos institucionales de los GADP en la atención a personas en situación de movilidad humana, priorizando las siguientes líneas de trabajo:

• Integración transversal de la migración en los procesos de desarrollo nacional y territorial.
• Asistencia técnica a autoridades y técnicos locales para un adecuado manejo de los flujos migratorios en las ciudades.

Sumando la experiencia y apoyo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y el Consejo para la Igualdad de Movilidad Humana, a finales del 2019, se publicó un documento denominado “El enfoque de igualdad para la movilidad humana en el desarrollo territorial”. El documento aborda las siguientes temáticas:

• Marco conceptual y normativa.
• Políticas Públicas sobre Movilidad Humana.
• Inclusión del enfoque de igualdad de Movilidad Humana en la Planificación Territorial.
• La implementación de las políticas de Movilidad Humana en el territorio