En la actualidad los gobiernos autónomos provinciales enfrentan el desafío de desempeñar nuevas competencias y prestar servicios que antes estaban a cargo de otros niveles o bien nuevas competencias, que han surgido con la expedición de la Constitución de la república del 20 de octubre de 2008, al asumir un rol activo en la planificación y la promoción del desarrollo provincial, el fomento a las actividades agropecuarias y al desarrollo productivo provincial, en la gestión ambiental, así como en la construcción, mantenimiento y operación de los sistemas viales, de riego y obras en cuencas y microcuencas de la provincia conforme se precisa en el artículo 263 constitucional.