En febrero de 2018 fue promulgada la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, misma que promueve el trabajo articulado de las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la violencia, desarrolla acciones conjuntas de prevención, protección, atención y reparación, así como también planifica la política pública para que se convierta en un hecho concreto en todo el territorio nacional.
De allí que, contar con una GUÍA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS EN LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, mismos que son protagonistas en sus territorios, se convierte en un paso importante para territorializar la Ley. Este instrumento apoya a la construcción e implementación de estrategias que permitan alcanzar los objetivos planteados, pero también desarrollar metodologías propias para la coordinación y articulación entre todas las instituciones del ejecutivo desconcentrado, las entidades locales del sector judicial, de la sociedad civil y de la cooperación, quienes están llamadas a funcionar sistémicamente en cada localidad.
En este contexto, la Guía contiene temáticas que son relevantes para el ejercicio pleno de la garantía de derechos en los territorios, a través de una real implementación del mandato de la LOIPEVCM, contribuye a marcar pautas claras para que los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco del ejercicio de sus competencias, promuevan una protección integral de derechos, en cumplimiento de lo estipulado en nuestra Constitución; definiendo un camino que permita que las voluntades políticas de las autoridades locales de lucha contra la violencia en todas sus manifestaciones se vean plasmadas en planes, programas y proyectos que viabilicen la gestión técnica de los equipos responsables del desarrollo social, siempre pensando en el accionar articulado de actores territoriales.
Es así que la Secretaría de Derechos Humanos, en el marco del trabajo conjunto con el Programa Si-Frontera de la cooperación técnica alemana GIZ, presenta este instrumento al país, e invita a que nos apropiemos del mismo, pues éste contribuye a mejorar en la cotidianidad, los procesos de prevención, la atención y prestación de servicios de protección que se ofrecen a las víctimas y sobrevivientes de violencia; teniendo en mente que un 65% de mujeres de todas las edades, pueblos y nacionalidades, condiciones de discapacidad, estatus socio-económico o educativo y migratorio, a nivel nacional, sufren o han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Cecilia Chacón Castillo
Secretaria de Derechos Humanos
