Hablar de la política social que ejercen los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales (GADP) no es sencillo, pues no se trata de una competencia exclusiva, como lo señala la Constitución de la República del 2008 y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), sino que se asocia a la función que tienen los gobiernos subnacionales de Construir y Promover el Sistema de Protección de Derechos a los Grupos de Atención Prioritaria. No obstante, esto no ha limitado a los gobiernos provinciales para que realicen diversas acciones y programas en beneficio de los grupos de atención prioritaria y personas en situación de vulnerabilidad de las zonas urbanas y rurales.
En el año 2013, tras las reformas al COOTAD, especialmente la relacionada a la extinción de los patronatos de los gobiernos provinciales y cantonales, surgió una pregunta: ¿qué tipo de política social están ejecutando los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el territorio? Algunos se enfocaron en la construcción de las denominadas agendas de inclusión social o agendas de derechos, alrededor de cinco enfoques: género, discapacidad, movilidad humana, interculturalidad e intergeneracionalidad; en cambio, otros se limitaron a la entrega de materiales para el sustento de las familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
Frente a esta situación, se presenta una guía rápida para la gestión y planificación de la política social en los gobiernos provinciales, la cual es producto del trabajo que ha venido realizando la Unidad de Gestión Social, Intercultural y Género del CONGOPE, para crear un instrumento práctico que permita a las diversas instancias técnicas de la gestión social de los GADP, atender de manera eficaz y eficiente a los diversos grupos de atención prioritaria y personas en situación de vulnerabilidad en sus territorios.
Esta Guía resalta la evolución de la gestión de la política social en los gobiernos provinciales, de su paso de una política social asistencialista y de caridad, donde los grupos de atención prioritaria eran vistos como objetos de beneficencia y caridad, a una política social con enfoque de derechos, donde su voz y participación es importante.
Además, se hace una exploración y análisis de las instancias encargadas de la formulación, coordinación, gestión y ejecución de la política social en los GAD; su base legal, técnica, presupuesto; y una propuesta de modelo de gestión para la formulación y aplicación de la política social en el territorio. Finalmente, se exponen los mecanismos de participación ciudadana y control social como parte de la planificación y ejecución de la política social.
Así pues, esta Guía se convierte en un documento tanto explicativo como instructivo que permite al personal técnico de los gobiernos provinciales, así como a las personas vinculadas a los temas de promoción y restitución de derechos a nivel territorial, llevar adelante programas y proyectos de manera más coherente y respondiendo a la realidad de sus territorios.
